Sin embargo, la realidad es bien distinta. En primer lugar, porque la legislación urbanística española es posiblemente la más proteccionista con el Derecho de Propiedad de Europa, dado que en el urbanismo del resto de paises de la Unión Europea, por regla general, los desarrollos urbanísticos se llevan a cabo por grandes empresas promotoras, públicas o privadas, que expropian a los particulares a valor rústico. En segundo lugar, el origen de las denuncias presentadas ha sido, esencialmente, que un importante número de ciudadanos extranjeros, especialmente en la Comunidad Valenciana, han visto como las zonas rurales y con unas infraestructudas absolutamente deficientes en las que compraron sus viviendas se han visto incluidas en desarrollos urbanísticos debido al lógico crecimiento de las ciudades, lo que les ha obligado, no sólo a perder la tranquilidad del entorno rural en que compraron, sino fudamentalmente a pagar cuotas de urbanización para convertir sus terrenos rústicos en solares.

Es claro que estos ciudadanos no habrían llevado a cabo dichas reivindicaciones en sus paises puesto que sus legislaciones urbanísticas ni tan si quiera les habría permitido mantener sus viviendas, ya que habrían sido expropiadas, sin embargo, es muy probable que las autoridades españolas no hayan llevado a cabo los esfuerzos suficientes para explicar en el Parlamento Europeo las bondades de la normativa urbanística en España en relación al Derecho de Propiedad, aunque sin duda aún están a tiempo.